Díaz Rúa compró 2 empresas offshore a relacionados con Odebrecht

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Los cuatro socios de las dos empresas offshore que Víctor Díaz Rúa habría comprado para ocultar el dinero ilícito que le pagó la empresa Odebrecht pertenecen a la firma de abogados Soberón y Asociados, que también fue utilizada por funcionarios de Perú y Ecuador para los mismos fines. El bufete está vinculado, además, a otros casos de corrupción y evasión fiscal en España, Venezuela y Argentina.

En el caso de Perú, Soberón y Asociados constituyó las empresas que usaron el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Luis Cuba Hidalgo; y Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de Petroperú, para ocultar los pagos que recibieron de Odebrecht.

Cuba Hidalgo, tal como han reseñado los medios peruanos, fue apresado en febrero del 2017 por haber recibido US$2 millones en sobornos en el año 2014. Para ello usó dos empresas de carpeta y una de ellas, Hispamar International Corp, fue incorporada por Melissa Bellido y Roberto Escolán, quienes eran también los representantes de las dos empresas que compró Díaz Rúa: Oriental Sidewalk y Mykonos Administration Co. S.A.

Bellido y Escolán, por demás, también aparecen en los registros de la empresa Ammarin Investment, a través de la que Atala Herrera recibió los US$900 mil que le pagó Odebrecht.

Ecuador. El exministro ecuatoriano de Electricidad, Alecksey Mosquera, fue condenado el 8 de abril de este año a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos en el marco de la trama de sobornos de Odebrecht. La fiscalía lo acusó de lavar US$914,130.
Para ello usó las empresas Percy Trading y Tokio Traders.

La última de ellas era de Soberón y Asociados, estaba presidida por Soberón y, además, era dirigida por Bellido.

España. El 28 de junio de 2006 el empresario español Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, fue detenido por su participación en el llamado caso Malaya, una trama de corrupción urbanística en Marbella.

Un mes después uno de los hijos del empresario, Manuel Gómez Serrano, adquirió la empresa Desarrollo Costa Verde S. A, que era propiedad de Soberón y Asociados. Bellido y Escolán aparecen como los suscriptores de esa empresa.

Gómez fue condenado, el 21 de febrero del 2017, a cinco años de cárcel y una multa de un poco menos de 112 millones de euros por fraude fiscal.

Venezuela. Soberón y Asociados también fue el agente de las tres empresas de carpeta que usó el gobernador del estado venezolano de Carabobo, Rafael Lacava, para ocultar en Andorra y Suiza los fondos provenientes de los servicios de intermediación en la construcción de una refinería en el año 2009.

Las empresas usadas fueron South Greece, Iberoamérica Assets Corporation y Hadar Management. En las dos primeras Bellido aparece como tesorera, secretaria, directora y suscriptor, mientras Escolán como presidente, director y suscriptor. Además está Rosibeth Escudero, quien también sale como director.

Argentina. En el 2014 la comisión de valores de los Estados Unidos comenzó a investigar una auto denuncia de la petrolera British Petroleum, que confesó haber pagado “coimas” al Gobierno argentino entre los años 2007 y 2010.

Al año siguiente se estableció que los sobornos se pagaron a la financiera argentina Epsilon, que luego compraba bonos públicos a nombre de clientes falsos y los vendía a la Morgan, Jackson Investment & Co en Nueva York. Posteriormente, la Morgan le transfería el dinero a Epsilon.

En medio de la investigación allanaron las oficinas de Epsilon y encontraron documentación de la Morgan, resúmenes de cuentas y el sello de su supuesto director: Roberto Escolán.

Papeles de Panamá. Escolán, con 3,370 empresas de carpeta en su haber, figura en los Papeles de Panamá con cuatro empresas domiciliadas en la Torre Acrópolis de Santo Domingo.

Dos de esas empresas son Sunbeam Developers y Classics Tower Corporation, en las que aparece como suscriptor junto a Bellido. Estas empresas, sin embargo, son del Bufete MF y CO.

Las otras empresas son Hickam Corporation y LR Caribbean Turf, que están presididas por George Allen y Nicole Odile Cedeño García, respectivamente.

Para la villa. Para comprar la villa de La Romana Díaz Rúa integró la sociedad Radio-Difusora Sky Land, que quedó constituida el 6 de enero del 2007.

La accionista principal era Camil Borkotan Zahury, quien le traspasó las acciones a Díaz Rúa el 30 de enero de ese mismo año.
Borkotan tiene registradas otras empresas: Manos a la Obra Construcciones y Telesur, que están activas; y la Feria del Buscamoro y La 104 FM, ya inactivas.

Contratista. Bortokan fue contratista de Obras Públicas en el 2014, cuando le asignaron la rehabilitación de un aula y la construcción de otras dos en el Centro Educativo Gajo de Gacho, ubicado en el municipio de Hondo Valle, por un valor de RD$7,796,643.60, según un informe elaborado en el 2015 por el Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.

En el 2014 Bortokan también recibió el contrato de la construcción de la Escuela Básica Corbano Norte (Liceo Vallejuelo, según aparece en las cubicaciones y pagos), que incluyó la construcción de 19 aulas estándar, dos aulas de inicial, la dirección, la administración, una sala de profesores, una oficina de orientación, enfermería, biblioteca, salón multiusos, cocina, comedor, conserjería, baños, canchas, parqueo, juegos infantiles, plaza cívica, verja, depósitos y vertederos.

Esta obra fue contratada por RD$44 millones 196 mil 941 con 48 centavos pero las cubicaciones alcanzaron RD$61 millones 254 mil 092 con 84 centavos. A pesar de ello, hay “montos adicionales” que son todavía mayores: RD$30,471,012.82 en total, según un informe de Obras Públicas que en mayo del 2018 dijo que el centro se terminó de construir el 19 de febrero del 2015.

Por otro lado, Bortokan firmó dos contratos en la Dirección General de Comunicación (Dicom): el 18 de noviembre del 2015 y el 20 de julio del 2016. Los contratos no pueden abrirse por un fallo en el portal de transparencia.

Empleados en el Gobierno

Dos de los antiguos socios de Díaz Rúa en sus empresas son actualmente empleados del Estado.

Una de ellas es la abogada Johanna Monagas Espinal, quien actualmente es asesora de la dirección jurídica del Mirex, donde devenga RD$230 mil. Antes de estar en este puesto trabajó como jefa de gabinete del Tribunal Constitucional, donde ganaba RD$ 137,226.67

Monagas Espinal fue socia de Díaz Rúa en el año 2007, cuando se incorporó la empresa Monttoba S.A. con la finalidad de ser utilizada para pagar el apartamento que Díaz Rúa compró en la Torre Caney.

Por otro lado, Monagas Espinal es gestora de la empresa Dominican Space Agency (Doxa), que se dedica a la exploración y aplicación de tecnologías y educación espacial para impulsar la industria aeroespacial en la República Dominicana, así como al desarrollo de productos y servicios tecnológicos y educativos relativos a las ciencias aeroespaciales.

El otro socio

César Avilés Coste es consultor jurídico del Ministerio de Industria y Comercio, donde llegó de la mano del ingeniero Temístocles Montás en agosto del 2016. Antes era asesor jurídico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde ganaba RD$200 mil.

La relación de Avilés Coste con Díaz Rúa inicia en el año 2000, cuando se constituyó la empresa de carpeta Albox, de la que era presidente.
En el año 2009 Avilés Coste deja Albox pero pasa al consejo de administración de Monttoba S.A y sustituye a Monagas Espinal como vicepresidente. Ella pasa a ser comisaria de cuentas.

Avilés Coste ha sido gestor de otras empresas: Quality Management, que fue registrada por él ante ONAPI; Sertracen Caribe, Alianza República ARD, Empresa Agrícola-Industrial, Excelencias Culinarias, Wild On, Eurolounge, Carcon, E.A. Business Development Group, Caribbeans Constructions, Fortune Global Training y Empresas TCC, Talleres de Chasis y Contendores.

Fuera de República Dominicana aparece como director, vicepresidente y subsecretario de la empresa Scottsmoor Entreprises Corp, donde también es director y secretario Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, otro de los socios de Díaz Rúa.

@hoy

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